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Hace unos días pude escuchar en varios medios de comunicación (radio y televisión) la noticia de que el juez que instruye el caso de “la manada” admitió el informe de un detective privado, lo que ha supuesto una oleada de críticas, más o menos virulentas, contra este sector.

Los periodistas hacían hincapié en dos aspectos concretos. Por un lado, la necesidad de regular mejor esta profesión, y por otro, la insistencia de que dicho investigador había sido contratado por los familiares de uno de los acusados.

He querido dejar pasar unos días para disponer de más información y no precipitar mis comentarios, pero creo que algunos periodistas sufrieron un bloqueo temporal de sus astrocitos, lo que les llevó a decir cosas carentes, a mi entender, de todo sentido.

En cuanto al comentario de regular mejor este sector, he de recordarles que los detectives privados llevamos años siendo regulados por norma con rango de Ley, la última de ellas la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. Además, llevamos ya un periodo de tiempo largo esperando que se publique el reglamento que desarrolle dicha norma, y que conforme al “buen hacer” de nuestros políticos, sigue en hibernación.

Personalmente creo que los detectives privados deberíamos tener una regulación propia y no dentro de la norma actual, pero los legisladores prefirieron ahorrarse la aplicación del sentido lógico, y decidieron meternos en un cajón de sastre.

En cualquier caso, informo a los ávidos periodistas que se trata de una ley muy intrusiva y limitante, donde el investigador privado debe informar a la Dirección General de la Policía de cada paso que da, cosa que, a nuestros clientes como es lógico, no les gusta nada al considerar que es una intromisión en la privacidad de sus vidas y actividades.

En definitiva, que estamos más que regulados, aunque no dentro del marco adecuado.

Respecto a la insistencia de que fueron los familiares de uno de los acusados los que contrataron al detective, es preciso hacer alguna aclaración que, aunque parece innecesaria, es adecuada para aquellos que no se enteran o no quieren enterarse.

El abogado de dicho acusado, después de analizar la documentación jurídica obrante en la causa, es el que ha tenido a bien considerar la necesidad de llevar a cabo una investigación al objeto de obtener evidencias que puedan ayudar en la defensa de su cliente, careciendo de importancia concretar quien paga la investigación. Es importante recordar que en nuestro ordenamiento jurídico existe el Derecho de Defensa, por mucho que una persona investigada pueda producirnos cuanto menos rechazo. El informe del detective privado puede ser un medio de prueba, pero no significa en ningún caso, que se entre a valorar o enjuiciar los hechos ocurridos.

Sinceramente, creo que podríamos aplicar los consejos que daba Santiago Ramón y Cajal sobre la investigación científica, alertando de la necesidad de dejar de lado los principios apriorísticos, la intuición, la inspiración y el dogmatismo.

Bueno, voy a seguir investigando.

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